La reclamación de Telefónica alega que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y otros organismos estatales incumplen las obligaciones establecidas en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú, incluyendo supuestas actuaciones arbitrarias y discriminatorias.
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| Telefónica es una empresa multinacional |
La empresa Telefónica de España
presentó una demanda de arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro
Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (CIADI) por una controversia
en el pago de impuestos originada hace más de 20 años.
La solicitud de arbitraje se basa
en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre
España y Perú firmado en 1994, cuando Telefónica ingresó al mercado peruano de
las telecomunicaciones, según informó la empresa.
La reclamación de Telefónica
alega que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y
otros organismos estatales incumplen las obligaciones establecidas en el
acuerdo, incluyendo actuaciones arbitrarias y discriminatorias.
Los montos en controversia
corresponden a los años 1998, 2000 y 2001 y actualmente más del 90 %
corresponde a moras e intereses.
Telefónica del Perú sostiene que
en esos años cumplió con pagar el Impuesto a la Renta, que equivale al 30 % de
las ganancias.
Sin embargo, la Sunat presentó
cinco observaciones, que derivaron en el Tribunal Fiscal y luego en el Poder
Judicial.
IMPUESTOS Y TC
Desde que la compañía ingresó al
mercado peruano en 1994, ha invertido 30.000 millones de soles (8.200 millones
de dólares) en infraestructura y ha pagado 10.000 millones de soles (2.700
millones de dólares) en impuesto a la renta.
En febrero último, el Tribunal
Constitucional declaró procedente un recurso presentado por Telefónica para
dejar sin efecto el cobro de la SUNAT por 729 millones de soles (200 millones
de dólares), que corresponden a los intereses acumulados por la deuda en
controversia.
El TC le dio la razón a la
empresa en el sentido de que no podía verse afectada por el cobro de la deuda
fuera del plazo de ley, que son cinco años.
No obstante, el abogado de la
Procuraduría de la Sunat, Reynaldo Bustamante, declaró a un medio de
comunicación que le parecía "insólito" que "alguien discuta una
deuda en el Poder Judicial y los intereses en el Tribunal Constitucional".
En tal sentido, agregó que se
trata de una maniobra que utilizan las grandes empresas para dilatar los
procesos de cobranza y beneficiarse de montos de impuestos que dejan de pagar
para capitalizarlos.
